La RAM patalea para no ser investigada

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El caso Santiago Maldonado surca las olas huracanadas del pensamiento mágico. Cada día brinda su porción King de situaciones incongruas. Ayer Guido Otranto, juez federal de la ciudad patagónica de Esquel, fue tomado de rehén por un grupúsculo mapuche, “Comunidad Vuelta del Rio”. Un destacamento de una decena de personas ocupó durante cinco horas la oficina del juez, en el marco de una acción que llegaron a calificar en un comunicado de “ocupación pacífica”, pero que en derecho penal suele ser llamada secuestro, para obtener mediante el amedrentamiento el compromiso público del juez que la dicha comunidad no era objeto de una investigación por la desaparición del joven tatuador. Una tal promesa, otorgada en tales condiciones, pone en jaque practivamente cualquier acción que el juez instructor podría emprender a futuro. No satisfechos, los integrantes del colectivo ratificaron el pedido anteriormente formulado de recusación del juez. Otranto pasó a ser percibido como un aliado de la causa mapuche a un enemigo de la misma estas dos últimas semana en un giro algo soprendente.

Por su denegación a entrar en el “territorio Mapuche” cuando, el 5 de agosto, los perros seguían la huella olfativa de un Maldonado en vida, (hecho técnicamente asimilable a destrucción de prueba), sumado a su empecinamiento hasta el 18 de septiembre a no examinar nada que tuviese que ver con la parte mapuche: no faltaban motivos de cuestionar la imparcialidad del juez. El grado de seriedad que Otranto pareció otorgar en un primer tiempo al testimonio de Matías Santana – , una tomadura de pelo antológica, un testimonio imposible de reconstituir fuera de un estudio de cine del genero Spaghetti Western -, agregaba a su perfil de simpatizante de la “causa” Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M.). La nula preocupación por identificar los otros cortadores de ruta del 1 de agosto, o sea los testigos de primer grado de lo que sería la escena del crimen, acorde a la caratula impuesta de “desaparición forzada”, tampoco hablaban a favor de su instrucción. Pero esa parte, forzosamente no era criticada ni por los mapuches, ni por las organizaciones de Derechos Humanos ni tampoco, más sorprendente, por la familia. El propio hermano del desaparecido, Sergio Maldonado, declaró que en caso de encontrar “algo” durante el rastrillaje en la comunidad Vuelta del Rio de esta semana, impugnaría el procedimiento. La impresión que se despega del comportamiento del familiar es que obstruirá todo aquello que potencialmente pueda restar a la responsabilidad del Estado.

El cambio de viento para Otranto ocurrió cuando se amplió el espectro de la investigación con dos nuevos rastrillajes que apuntaron a territorios ocupados por Mapuches. La caratula sigue siendo desaparición forzada. Teóricamente se mantiene el foco inquisitorio sobre la Gendarmería. No obstante ya no es tan hermético. El miedo por parte de un sector radical de la comunidad Mapuche de verse indagado no es infundado. Desde el punto de vista fenomenológico, los únicos indicios con algún grado de elocuencia se centran en su desempeño: la modificación del paisaje del Pu Lof antes del rastrillaje, tomando provecho del tiempo de latencia que les fue otorgado; lo que se encontró durante el rastrillaje operado por la Policía Federal, el 18 de este mes, una mochila que podría pertenecer a Santiago Maldonado; las huellas olfativas del desaparecido, pasando por el territorio ocupado por ellos, en momentos posteriores a lo que sería el desalojo de la Gendarmería. No es conclusivo pero es interesante.

Sacando el testimonio de Santana, la causa no saldría del marco de una búsqueda por paradero desconocido.

El carácter violento del grupo con decenas de hechos vandálicos, su política de la tierra quemada, el contrabando de armas, la instrumentalización política desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado como presión para evitar la extradición a Chile del líder Facundo Jones Huala por una lado, los falsos testimonios, primero el de Santana (primo de Facundo Jones Huala), luego el de Ariel Garzi, el cual trae a colación el dato de la “comunicación de 22 segundos” con ruidos que según él serían ruidos de botas de la gendarmería, siendo que esa persona ni es amiga, ni prácticamente jamás se cruzó con Maldonado fuera del Bolsón, y que lo único que cabría investigar es porque tiene en sus manos el teléfono del desaparecido; todos ese encadenamiento de circunstancias pone a la agrupación R.A.M. en un lugar de interés. Por otra parte, la desaparición en un año de tres personas además de Maldonado: Emmanuel Bonnefon y Nelson Moreira Da Silva, del mismo perfil, probablemente después de haber sido despojados de sus bienes,  abre sobre un enfoque de posible perfil de crimen en serie.

Dentro de esa intríngulis, falta lo esencial: tener una constancia irrefutable de la presencia de Maldonado el día del desalojo por parte de la Gendarmería, el 1º de agosto de 2017, siendo esa información la piedra angular de todo. Eso no está dado ni remotamente. Todo el caso es respaldado por un solo testimonio, el de Matías Santana, cuyo primo tenía un interés manifiesto en gestar la crisis que se creó. Sacando el testimonio de Santana, la causa no saldría del marco de una búsqueda por paradero desconocido. Después de 50 días de desaparición, hasta podría haber justificado una alerta amarilla o azul de Interpol. De abrirse otra investigación penal, incorporando el perfil político y criminal de la R.A.M, Maldonado podría ser considerado como persona de interés e incentivar la busqueda a nivel internacional. Al haber caratulado de “desaparición forzada”, la causa, el juez Otranto cerró todas las otras hipótesis. En otro país eso sería causal de una recusación por prejuzgamiento. La verdadera fecha de la desaparición de Maldonado es el 25 de julio de 2017. La última vez que su telefóno estuvo activo.

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Categorías:Argentina, Terrorismo

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