Una versión argentina del caso Dreyfuss

20150510_020104 (2)Teresita Dussart. Todos derechos reservados©

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Diez años después de la destitución del ex Juez Juan José Galeano de la causa Amia, y presiones varias a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, la versión criolla de la tragedia del capitán Alfred Dreyfuss, denunciada por Émile Zola en su manifiesto “Yo acuso”,  vuelve en un nuevo acto con agenda político y ajustes de cuenta. El 6 de agosto, ante el Tribunal Oral en lo Federal 2 (TOF2), se juzgará por presuntas irregularidades, además de los ya mencionados, a Alberto (Fino) Palacios (ex comisario de la Policía Federal y ex jefe de la Policía Metropolitana), Rubén Beraja (ex presidente de la Daia), Hugo Anzorregui (ex Secretario General de la Side), el ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar, el ex agente de inteligencia Patricio Pfinnen y el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda. Por otra parte, puesto al mismo nivel que los otros imputados se encuentra el entregador de la Trafic  cargada de los explosivos utilizados para la comisión del atentado. Carlos Telleldín es el último que queda como imputado de los partícipes del accionar terrorista. Aunque los hechos que le son reprochados, confrontados al estrago y sus víctimas, resulte anecdótico. Cabe recordar que todos los imputados de Amia I (argentinos) fueron absueltos en 2004 por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3): no por inocencia, sino por nulidad. Con Telleldín también son imputados su esposa, Ana Boragni, y su abogado, Víctor Stinfale.

El motivo de la imputación, cuyo proceso debería durar dos años, es ese mismo vicio procesal ingeniado para enterrar la causa. Se trata del  episodio del vídeo, seguido del robo, en el cual se ve y se oye al ex juez Juan José Galeano hacer una oferta a Telleldín. Propuesta consensuada con el servicio secreto argentino, de algo que sería asimilable a una suerte de programa de testigo, como existen para los arrepentidos donde hay mafias.  De 1996 a 2003, el episodio del vídeo, transmitido por televisión (ver “Informe Amia I: Quién, cómo y porqué organizó la impunidad”, en este portal) era considerado como una más de las tantas operaciones que vinieron a irrumpir y contaminar la investigación. Sin duda tuvo por efecto, concreto, inmediato que, a partir de 1996, las  dieciocho horas de deposición Telleldín se vieron afectadas de nulidad. A partir de 2004, será la totalidad del expediente que no pueda ser producida en justicia, aunque la causa sea reputada imprescriptible. En el expediente se encuentran pruebas irrefutables de un accionar organizado en un tríptico: dos tercios argentino, elementos de la policía bonaerense, dirigidos por el comisario Juan José Ribelli; elementos “militares (ex carapintadas-ex Modin-ex Batallón 601); un tercio extranjero: elementos del hampa paraguayo, especialmente individuos de ascendencia libanesa y de confesión chiita.

El ex fiscal Alberto Nisman, fallecido en enero pasado, en el marco de una muerte cuya investigación en curso se ve igualmente severamente fraguada, lo había pronosticado en 2002: “lo que va a hacer Telleldín en su declaración es tratar de embarrar la cancha una vez más, sin hablar de los hechos, sino de cuestiones como los vídeos en los que se lo ve conversando con el juez Galeano o su charla con (la camarista Luisa) Riva Aramayo”, que fue la primera ante quien él apuntó a los policías bonaerenses”. “Él y los policías—agregó— todavía apuntan a que el juicio se caiga y por eso siguen trabajando como aliados” (Clarín, 16 de marzo de 2002). Nisman fue el único en no ser blanco de las horcas caudinas del dúo de poder que había de crearse para rescatar a los elementos imputados por la autoría material del atentado: Horacio Antonio Stiusso y la pareja Kirchner, a la que le faltaba un año para llegar a la Presidencia. El resto es historia: Nisman traicionaría a sus colegas, convirtiéndose en el fiscal designado a la cabeza de la Unidad Fiscal Amia hasta su muerte. Ahora son los alfiles ultra kirchneristas, las fiscales Sabrina Namer y Roberto Salum, que desde hace pocas semanas ocupan su cargo, quienes deberán juzgar a sus ex colegas. Por momentos, algunos de los abstrusos apotegmas de la presidente Cristina Fernández, tales como ”todo tiene que ver con todo”, parecen desvelar su sentido.

Fin de mandato apoteótico

Para Cristina Kirchner sería una verdadera epifanía, terminar su mandato dando por resuelta la causa AMIA, imaginándose coronada como “justa”, con la sensación de haber aportado culpables, y que encima sean precisamente aquellos investigadores hacía quiénes no escatimó vejámenes durante una década, que hagan las veces de imputados. Es una revancha también. Juan José Galeano fue el primer juez en instruir causas por corrupción del kirchnerismo (ver en este portal “Dossier Amia: Quién, cómo y porqué organizó impunidad”). Diez años después habría sido tratado como un José María Campagnoli, pero en aquella época Clarín era tan oficialista que la que entonces todavía era la esposa de Néstor Kirchner privilegiaba Clarín a Télam, agencia de noticias que despreciaba, para mandar los despachos durante sus visitas oficiales en el exterior.

Hay un sesgo que atañe a intereses muy concretos apegado a esta página mayor de iniquidad que está por escribirse. Algunos de los imputados liberados gracias a la operación de hundimiento de la causa,  como el ex comisario de la bonaerense Juan José Ribelli, se convirtieron en millonarios, socios del poder (ver en este portal,  “Amia IV. De la Amia a sueños compartidos pasando por el triple crimen”). Basta con ver las relaciones societarias. Varias de las empresas de Ribelli: Christian Group SA, para nombrar a una de ellas, tiene a Fernando Luis Koval como contador. Koval es el contador de Meldorek. A él se le debe el desvío de fondos de Sueños Compartidos. En esa misma empresa es socio Miguel Ángel Colela, el comisario de la federal que Néstor Kirchner eligió para remplazar al “Fino” Palacios, cuando destituyó este último. Hoy, precisamente, a punto de sentarse en el banquillo de los imputados acusados de encubrimiento. ¿Qué mente criminal podría haber imaginado tal escenario? Porque las cosas no quedan allí. Colela, socio de Ribelli, era también socio de otra estructura: Homeland Brockers Security S.A., junto a Martín Lanatta, uno de los acusados del Triple Crimen, asunto que rozó peligrosamente a la pareja Kirchner por ser las víctimas aportantes a la campaña de Cristina y estar metidos en la mafia de la importación de efedrina, con ramificaciones hasta la propia Casa de Gobierno. Ribelli mismo es el abogado del prófugo de la justicia Itar Pérez Corradi, quien encontraría en un country de la zona donde su defensor es el mismo propietario de un country: Campo Cristiano.

Todo tiene que ver con todo

En preparación de ese gran circo judicial que se va a dar en el momento más álgido de la campaña presidencial, ningún detalle es dejado al azar. Y ya empezó. Uno de ellos es la defensa de Telleldín. Difícilmente se pueda interpretar como casual el hecho que fuese elegido Juan Martín Cerolini.  Cerolini fue el abogado de dos de los policías detenidos durante la fase de AMIA I. El mismo Cerolini defendió al sacerdote represor Christian Von Wernich. En el caso del secuestro de Axel Blumberg, fue defensor del jefe de la Policía Federal Juan José Schettino y el subcomisario Daniel Gravina, con lo cual hace el puente entre Policía Federal y policía bonaerense. Fue el abogado de la camada de sicarios, típicos de un cierto lumpenato bonaerense, los Hornos, que terminaron con la vida del periodista José Luis Cabezas. En ese caso trabajó en asociación con otro abogado de las causas sensibles y arreglos judiciales del gobierno, Fernando Burlando.

Entre las causas que se destacan de Cerolini está la defensa de la familia de Alejandro Ferzola, el piloto desaparecido con su helicóptero entre Brandsen y Santa Teresita el 3 de enero de 2011. No es un caso anecdótico. Como lo revelamos en exclusiva en este portal (“Buscaban el Robinson 44 pero nunca dijeron que era de ellos”) Ferzola no es un desaparecido más. Era el socio de Néstor Martín, nombrado por el ministro de Seguridad provincial, Ricardo Casal, en la función de director de Coordinación de Delegaciones Administrativas con remuneración de comisario mayor. Y el que comercializaba el helicóptero propiedad de Ferzola y Martin era, ni más ni menos, el director de Operaciones Aéreas del Ministerio de Seguridad provincial, el licenciado Leopoldo Sebastián Ornass. Un protegido de Florencio Randazzo, candidato a la presidencia del FPV en 2015. Los vuelos emprendidos por esos socios del poder poco tenían que ver con operaciones de vialidad, según pudimos saber por el concesionario de los Robinson en Argentina.

“No dejo de pensar en la existencia de una mente diabólica que seleccionó las piezas de este rompecabezas de manera distinta que en 1992. ¿Por qué no se compró una Trafic con un documento falso y se usó como coche bomba? ¿Qué necesidad había de ‘complicar’ el atentado de suerte tal que quedaran al descubierto infinitos bolsones de corrupción? Alguien, con infinitos conocimientos respecto del funcionamiento de las ‘mafias’ civiles y policiales y con acceso a información restringida y contactos relevantes nos mostró, a través de todas estas muertes, nuestras debilidades, cómo somos, cuan corruptas son las distintas esferas privadas y públicas, y envió las pistas a un lodazal ubicado en territorio monitoreado irregularmente por la policía bonaerense y sus bandas, pasando por las limitaciones y pecados de la Policía Federal y las mezquindades de la poco compartida ‘inteligencia’. Encontrar esa mente es el reto de esta causa, para evitar un próximo atentado”.

Juan José Galeano, extracto de la Resolución de elevación a juicio Amia I, 5 Marzo de 2003.

 

Otro de los alter ego de Cerolini es Víctor Stinfale. Éste no sólo es la persona que hizo cambiar de estrategia a Telleldín acercándolo a los imputados de la bonaerense, es decir denunciar el vídeo como un capítulo extorsivo. Stinfale tiene una forma de especialidad en neonazis. Además del consabido hijo de Pedro Telleldín, jefe de la temible D2 en Córdoba, fue también abogado de Alejandro Sucksdorf , cuyo terreno en el Tigre sirvió de campo de
entrenamiento para miembros del Hezbollah provenientes de la Triple Frontera. Como parte de su pertrecho militar se encontraron, entre otros elementos, el mismo tipo de explosivo que el que fuera utilizado para la explosión de la Embajada de Israel en 1992 (ver en este portal “Dossier Amia: Quién, cómo y porqué organizó impunidad).Sucksdorf-firma

Firma con doble SS rúnica de Suksdörf.

Durante el proceso iniciado en 2000, tres hechos fueron decisivos para instalar un sarcófago inquebrantable sobre todos aquellos datos que acusaban al esquema terrorista local. El testimonio de Stiusso, el de Cristina Fernández de Kirchner y el cambio de defensa de Telleldín. Cristina Elisabet (ortografía según registro civil) Fernández declaró ante el TOF 3, el 4 de diciembre de 2003. El jefe de operaciones, Stiusso lo hizo el 1 y 2 de octubre de 2003. La retranscripción de ambos son sumamente coincidentes. Del accionar de Stiusso, surgen de las re transcripciones de 16 casetes puntos muy preocupantes.

  • Surge netamente de las audiciones la confirmación que es Stiusso quien instala el falso testigo el “Solari”, el cual va a hacer desviar la causa durante varios meses (ver “Amia I, quién cómo, porqué organizó impunidad”, en este portal). Mucha gente ha olvidado o nunca supo de ese episodio.  En agosto de 2005, en el marco de su testimonio, Ricardo Gil Lavedra, durante el proceso de Enjuiciamiento de Galeano declaró, según consta en el fallo, a propósito de Ramón Emilio Solari: ”Me acuerdo que había un legajo de un tal Solari, que desde la Brigada de Vicente López había mandado una carta al embajador de Israel diciendo que tenía información sobre el atentado. Las informaciones que él suministraba daban cuenta de que poseía algunos datos respecto a cómo se había sucedido el atentado. Pero luego proporcionaba versiones caricaturescas cuyo único objeto -porque se abrió luego una profusa investigación sobre los dichos de Solari- era desviar absolutamente el objeto en ese momento de la pesquisa. Era una cosa grosera. Era una evidente operación de inteligencia armada en la Policía de la provincia.”
  • Stiusso no puede explicar su presencia en el domicilio de Carlos Telleldín el día del allanamiento.
  • No puede explicar porqué en el registro de un teléfono celular, que reconoce como suyo, se registran llamados a uno de los policías bonaerenses que le hacían de seguridad personal a Telleldín, Raúl Ibarra, de la Brigada de San Martín, soldado de Ribelli, que se encuentra en casa de Telleldín también el día del allanamiento. Ibarra fue el receptor de la Trafic.
  • Confiesa nunca haberse interesado por Ribelli, a pesar del evidente enriquecimiento ilícito de éste. Según surge de un testigo del cual reservamos la identidad, dentro del expediente, Marcela Brouzon, la que sería la más legítima de las dos mujeres de Ribelli en aquel momento, habría depositado 8.000.000 de dólares en una cuenta en Miami y 1.500.000 en Montevideo. Antes de ello, en 1998, la Comisión bicameral de seguimiento de los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA-DAIA investigó una transacción escriturada ante la escribana Juana María Vaquer Garmendia por un monto de 2.500.000 dólares, recibido a pocos días de ser cometido el atentado. Escritura que es referida como una donación del padre de Ribelli, un hombre que vive en un rancho que es poco más que una choza en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires.
  • Curiosamente Stiusso, que se presenta como la proa de la investigación sobre la conexión internacional, no se interesa por ninguna de las conexiones con el hampa libano-paraguayo de ninguno de los imputados.
  • Confiesa y parece alardear de no haber investigado a Wilson dos Santos, el ciudadano brasileño que fue el hombre que objetivamente supo que un atentado iba a ser cometido y ventiló la información en tres legaciones. Entre otras, el consulado argentino en Milán. Comunicación que fue conocida por la Side antes del atentado, y nada fue hecho por prevenirlo. En ese momento, la responsabilidad operativa recaía directamente sobre Stiusso. Dos Santos, su vida nocturna, su pasaje por prostíbulos gay que harían hablar de ellos, regenteados por la Side son un dato no menor. Un universo no del todo desconocido por Stiusso (Ver en este portal Amia informe III. relaciones entre el esquema terrorista local y el Hezbollah)
  • Reconoce haber espiado al juzgado a través de Raúl Antonio Guglielminetti (también casualmente ex Batallón 601), del cual dice “no hace nada gratis”. Guglielminetti fue capturado en España, donde se encontraba prófugo de la justicia, por Stiusso y Mario Naldi, comisario de la policía bonaerense. Un apellido que tiene peso propio en la investigación del atentado.   Se intuye que, efectivamente, puso cámaras en el juzgado, pero no se le repregunta.
  • Instala desde el primer día la pista internacional. Dice que la viene investigando desde antes del atentado de 94. Da copiosos detalles de intercepciones telefónicas, especialmente de la Embajada de Irán. Sin embargo esa vigilancia se queda a medias, ya que durante las audiencias dirá en varias ocasiones que no tenían intérpretes de farsi. O sea que, según se desprende de sus dichos, su percepción acorde a la información que obtiene es de una pista oriental, de gente de la cual nadie en la Side sabe de que están hablando. A pesar de ello, desde los albores de la investigación provee una lista de nombres que se encuentran en la famosa foja 114, pero en 21 años, no será capaz de explicar qué hicieron concretamente aquellos “blancos” en relación a la comisión de los atentados, sea el de 1992 o el de 1994. Desde el primer día instala esa versión que se refuerza en 2004, siendo entonces ya la única.
  • Es el primero en pedir el apartamiento de Galeano.
  • Se desprende de sus dos días de audiciones un profundo desconocimiento de cuestiones legales, de procedimientos investigativos en un caso de terrorismo. Su locución es errática.

En su “Yo acuso”, Émile Zola consigna esta sentencia a dirección del entonces presidente francés Félix Faure, a propósito del caso Dreyfuss ,que califica de “la más vergonzosa e imborrable mancha”: “Un hombre nefasto ha conducido la trama; el coronel Paty de Clam, entonces comandante. Él representa por sí solo el asunto Dreyfus; no se le conocerá bien hasta que una investigación leal determine claramente sus actos y sus responsabilidades. Aparece como un espíritu borroso, complicado, lleno de intrigas novelescas, complaciéndose con recursos de folletín, papeles robados, cartas anónimas, citas misteriosas en lugares desiertos, mujeres enmascaradas. (…) Yo declaro sencillamente que el comandante Paty de Clam, es en el orden de fechas y responsabilidades (…)  el primer culpable del espantoso error judicial que se ha cometido”. Sólo cambian los nombres, con una salvedad: Faure no era cómplice de de Paty.



Categorías:AMIA, Argentina, Corrupción

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