Cuentas en el Vaticano, en Panama y en Suiza del dueño de la Hidrovía

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©Credito foto, Gustavo Espeche Ortiz

 

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El aire va enrareciéndose en estas postrimerías del Kirchnerismo. Sin embargo, los ventiladores no se prendieron aún. Las facciones que en el fin del reino se vienen disgregando, desde hace dos años y medio, mantienen su batería de información enfundada, tan encrucijados se ven los intereses tejidos lejos, muy lejos, de cualquier noción relevante del interés superior del Estado.  Es el estado de zugzwang. Un estado ideal para la continuidad de los negocios espurios.

En una nota anterior evocamos el caso del hombre que todo lo puede, tanto en la Hidrovía del Paraná como en el corredor oceánico, Enrique Omar Suárez. El secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quien parafraseando a Hugo Moyano, cuando el secretario general de la CGT lideraba el gremio de camioneros, expresó: “Todo lo que navega es mío”. Condenado el 5 de diciembre 2014 por sus prácticas extorsivas, relacionesinternacionales.co tuvo acceso a parte de las cuentas que el gremialista posee en Suiza, Panamá, Paraguay, Venezuela y Uruguay. La actividad bancaria de Suárez parece ser muy móvil, ya que de nueve cuentas abiertas, surgen otras dieciséis cerradas. Eso, hasta 2013, y sólo tienen un valor de talonario porque no dan cuenta del volumen de las transacciones.

En Suiza, Suárez es titular de una caja de ahorros en dólares en la Commerzbank AG, Zweignierderlassung Zúrich. Cuenta que tiene junto con otros siete titulares. También posee una cuenta corriente, nominada en dólares, en el establecimiento de banca privada Lombard Odier Darier Entsch Private Bank Trust Ltd , aquella vieja casa discreta ginebrina, a la que son tan afectos los hijos de Lázaro Báez, detrás de cuya fachada de la Rue de la Corraterie 11, tantos negocios sucios anidaron. Esa cuenta es compartida entre cuatro detentores con derecho de firma. A ello se agrega otra cuenta corriente en euros en la sucursal del Banco Vaticano, o Banque Privée Espirito Santo S.A., al 86 de la elegante Rue du Rhône y, como no podía ser menos para quien sepa de evasión de capitales, otra cuenta corriente en dólares viene a coronar el esquema suizo, siempre en Ginebra, en el establecimiento Banque Alternative Suisse.

En Panamá, Suarez tiene dos cuentas, una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina, en el quinto piso del edificio World Trade Center, de la cual es beneficiario en asociación con cinco otros firmantes. Otra en el Citibank N.A., sucursal Aquilino de la Guardia, donde dispone de una “cuenta especial”. La cuenta especial generalmente refiere a un sistema de ahorro mejorado, basado en un depósito mínimo, el cual varía según el establecimiento; esa condición se ve surtida de una limitación a las extracciones mensuales. La ventaja es que hace de garantía para el acceso al crédito, y tiene un rédito superior a la caja de ahorros tradicional. En Venezuela, Suárez tiene una cuenta corriente en dólares en el Banco de la Nación Argentina en Caracas. Cuenta con poco o nulo movimiento, aparentemente. En Asunción, Paraguay, el gremialista goza de una caja de ahorros en el Banco de la Nación Argentina en la dirección de Palma y Chile, y son cinco los titulares. En Uruguay, trabaja con el mismo establecimiento, siendo en este caso, el único titular de la cuenta de ahorros en dólares.

A los Suárez les gusta la buena vida y extorsionar buques es un negocio jugoso que permite un tren de vida no desdeñable. Una de las hijas del “Caballo”, María Lorena, habría sido vista en Londres en 2012, en el marco de una estadía de mes y medio -según reportan en uno de esos truculentos informes de espionaje interno. De allí habría estado “observando los juegos olímpicos y también algunos partidos de Wimbledon”. El paso por Wimbledon es redhibitorio para un nuevo rico, sea de donde sea. Pero no carece de ironía, teniendo en cuenta que, un mes antes, el padre imponía un boicot contra barcos y aviones británicos a través de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en el marco de la reivindicación de Malvinas. Es importante tener en cuenta que cada una de esas manifestaciones maquilladas de protesta política o sindical tiene un resorte extorsivo.

La coacción, fuerza motriz del negocio

La lectura del procesamiento de Enrique Omar Suárez, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, habla de un esquema de coacción lindando el terrorismo sindical. Sólo que el sindicato, en este caso el SOMU, no se beneficia en nada de esas prácticas. Las denuncias sumadas por el mismo procesamiento aluden a  “hechos consistentes en varias maniobras con buques, escudados desde un gremio (SOMU), y con la excusa gremial para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial provocando alteraciones, demoras, gastos, y otros prejuicios“, pero a su vez se remarca que “todos esos hechos ilegales son relacionados con su labor gremial, pero sin justificación (…) en beneficio propio y no de los trabajadores que representan”.

Los casos de extorsión son sin ambigüedad. Como cuando Suárez y sus acólitos imponen a un buque uruguayo, el “Platense”, armado por la sociedad Sedaril S.A. que contrate 3 o 4 obreros o que pague 35.000 dólares mensuales. Ante la negativa, la respuesta es la misma en todos los casos: se da la orden a los navíos de remolque que no presten los servicios. Varias petroleras han sido víctimas de esos métodos, entre ellas Shell, Petrobras y la propia YPF. A Shell se le negó el servicio para salir del Puerto de Buenos Aires el 30 de junio de 2013, demorando el buque “Litoral” y sus barcazas.

El bloqueo se vuelve más intenso si las petroleras recurren a la empresa National Shipping S.A. perteneciente a Eduardo Virasoro. Autoridades del SOMU en disidencia con la gestión de Suárez cuentan que hasta 2012 Virasoro habría intentado “arreglar” con Suárez pagando el peaje a la estructura mafiosa. Pero con el paso del tiempo la codicia de Suárez se volvió irrefrenable.

Antes de la National Shipping, el enemigo por antonomasia era la empresa Vessels SA, de Miguel Ángel Doñate. Pero últimamente éste habría alcanzado una forma de acuerdo con Suárez, creando una empresa conjunta de remolques, la firma Transcargo, de la cual son socias las esposas de los dos hermanos de Suárez y Miguel Ángel Doñate. Transcargo posee un remolcador, “El Fundador”. El hecho es que si el pago de peajes arbitrarios crea problemas, también asegura un mercado cartelizado para beneficio de unos pocos operadores.

La sociedad Smit fue víctima de esas prácticas. El SOMU, al no brindar tripulación  a la sociedad marítima, ésta tuvo que salir por la puerta trasera, vendiendo sus remolcadores a Suárez a través de la empresa San Jorge Marítima S.A.  El sistema Suárez se prevale de una mecánica con apariencia legal, instaurada en 2003 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que es el Centro Único de Contratación de Gente del Mar (CUGGEMARA), controlado por Suárez a través de un proxy.

El accionar del Caballo no solo causa daños a la economía. Sino que también pone inminentemente en peligro el medio ambiente y la vida humana. El caso del buque “Kota Lawa” fue particularmente elocuente del poder absoluto de bajada de pulgar a partir de una llamada telefónica del SOMU.  Cuando al buque le fue rechazado el servicio de remolque se encontraba dentro del canal de navegación de aguas restringidas, con 10 metros de calado, lo que era constitutivo de un riesgo para la navegación propia. Debido a sus dimensiones no podía ni virar ni retornar, teniendo en cuenta  que el canal mide 100  metros de ancho. El subprefecto de la Prefectura Naval Argentina Alfredo Jesús Zappa  dio la orden que se le preste servicio, orden que fue desatendida. Tanto el buque como su tripulación corrieron un riesgo certero.  Algo similar se produjo con el buque Paraná I, el 11 de junio de 2014, que se encontraba desde hacía ocho días fondeado en el km 55 del río Paraná, cargado con 5 millones de litros de combustible y sin poder atar cabos por las medidas extorsivas del SOMU, por lo que llegó al extremo de la falta de víveres y de agua potable para la tripulación.

El 3 de febrero de 2014, otra vez Rigoberto Suárez Cardoso –socio del “Caballo”- habría ordenado a los marineros de los remolcadores no atar cabos al buque tanque Lynx, de la firma National Shipping S.A., demorando su ingreso más de 48 horas y manteniendo el buque con su carga inflamable amarrado al puerto de Buenos Aires. Son 87 los casos de esa índole, desdibujando un ejercicio neroniano de la vida sindical.

En varias ocasiones, Suárez sustituye a las autoridades de regulación. Actúa como aduana, servicios de higiene, migración, ministerio de trabajo, o todo a su vez según como le conste más práctico ejercer sus métodos coercitivos. Por ejemplo, en un caso según se despeja de una nota el 3 de mayo de 2012, presentada por LOG-IN MERCOSUR SRL, se hace saber que el SOMU le negó el servicio de remolque a la empresa RR Europa para salir del puerto de Buenos Aires, “porque embarcaba productos derivados del pescado y estaban en conflicto con la cámara de las Pesqueras”.  Con los buques paraguayos, El Caballo y sus cómplices crearon situaciones complicadísimas para el país norteño, alegando condiciones de trabajo sobre las cuales no tiene competencia, ya que los obreros marítimos de ese país responden a un sindicato propio.

En todo los casos, está ampliamente demostrado que el bloqueo siempre se hace cuando la empresa no cede ante el chantaje del SOMU implicando que se realicen donaciones o se proceda a cursos de capacitación en favor de la la “Fundación Azul”, una fachada creada por Suárez para el desvío de fondos sindicales y producto de la receta extorsiva.

Dos de las maniobras extorsivas más sutiles pasan por otorgar el famoso waiver (permiso temporal de cabotaje) o imponer y cobrar clases de capacitación fantasmas.  La petrolera francesa Total, operadora de la Plataforma Colbert Ushuaia,  recurre a la transportadora  AMI,  la cual le refactura a Total un costo de 650.000 pesos por mes en concepto de capacitación. Ese dinero va después a la Fundación Azul, donde se pierde.  Control de los recursos humanos, puertos y vías navegables, Suárez lo tiene todo.  Y va por más, porque ahora fuentes confiables declaran que estaría negociando para facturar un porcentaje del transporte de petróleo.

Los que menos se aprovechan de este sistema de protección mafiosa son los trabajadores del gremio, ya que la actividad delictiva es bicéfala. Atañe por la ladera empresarial a las navieras y por la ladera social, al desvío de fondos del gremio.  Ya van varias denuncias que los delegados Rubén Alejandro Moreira, secretario del Interior; Alejandro Antonio Giorgi, secretario de Medio Ambiente; Luis José Clemente, secretario de Turismo, y Agustín Vargas, secretario de Relaciones Laborales, han interpuesto ante la Justicia. Vargas fue víctima en persona de un hecho de violencia por parte del mismísimo Suárez. Estos delegados, entrevistados por esta periodista, muestran con documentos el alcance de la embestida de Suárez dentro del SOMU. Los delegados son invitados a Asambleas Generales para ratificar cosas que ya han sido aprobadas discrecionalmente, o con carácter de retroactividad. En una ocasión se falsificó una firma.

Empresas para encauzar los fondos

Para encauzar los fondos producto de las varias líneas delictivas, Suárez créo varias empresas. Esas empresas denunciadas en noviembre pasado en un escrito por los cuatro delegados son la empresa Jorge Marítima S.A.; Empresa Mercante S.A., la cual es particularmente interesante, ya que se apodera de forma ilegal de 30% de otra estructura; la sociedad Maruba S.A., la cual merecería un capítulo aparte; la empresa Abadía del Mar S.A., creada teóricamente para el transporte marítimo pero que sólo sirve a la sobrefacturación ya que no cuenta con ningún buque, y finalmente la empresa Pescamarine S.A. Una denuncia con seis o más empresas estaría a punto de ser presentada.

Inútil decir que todas esas empresas fueron creadas alegando que su actividad comercial sería a beneficio del Sindicato. Pero hasta ahora sólo el hermetismo o la violencia han acogido los pedidos de los delegados. Por suerte, al igual que en varios otros escenarios de corrupción, la trama es muy rudimentaria. La misma sede social aparece para todas las estructuras, Avenida Belgrano 1667, y los mismos socios: el tesorero del SOMU, Juan Manuel Medina; la hijastra María del Carmen Cabrera Peña, y el sobrino Jorge Suárez se reparten las funciones alternativamente. La misteriosa Fundación Azul hace en la mayoría de los casos oficio de receptora de los fondos. Los intentos de proceder a una auditoria de los haberes reales del SOMU se han estrellado contra un muro de prepotencia.

Esta situación no sería posible si no fuese por el extraordinario respaldo sobre el cual se afianza el holding Suárez dentro de un sindicato desposeído de su función primera. Ese respaldo político se debería, según los delegados disidentes, a Julio de Vido y al diputado del Frente Para la Victoria Carlos Kunkel. Es un universo mafioso ecléctico, donde se cruzan valijeros de los años mozos del kirchnerato, ex-carapintadas de los más altisonantes, como el propio Aldo Rico o  Carlos “El Indio” Castillo (implicado en el atentado Amia) y mucho más. Pero sobre todo es el gremialista preferido de Cristina Fernández. Lo dice ella en cadena nacional.

 



Categorías:Argentina, Corrupción

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