Viuda de Juvenal Habyarimana nunca declaró en Arusha

imagesCuando se cumplen 20 años del primer día del genocidio ruandés,  7 de abril de 1994,  repasar la cronología de los hechos es asomarse a la vertiginosa  falla de la comunidad internacional. Pero falta un testimonio y tal vez mucho más que un testimonio para lograr la “full picture” y responder a la lancinante pregunta: ¿Cómo fue posible? Eso es la voz de la esposa del ex-presidente Juvenal Habyarimana, Agathe.

En una declaración del fin de semana pasado, el actual presidente Paul Kagamé, ex jefe del FPR declaró en el marco de una entrevista a la revista Jeune  Afrique que los franceses habían “participado” del genocidio. Algo de inaceptable para los franceses. Al final y al cabo, tarde y mal, pero las únicas tropas presentes fueron bajo bajera bandera francesa de la Operación “Turquoise.” A partir de la llegada de estas el 22 de Junio 1994 se crearon tres corredores humanitarios y la situación para el FPR en el terreno cambio radicalmente. Mientras otros practican una diplomacia emocional, los franceses mandaron tropas, como lo hicieron recientemente en Mali y en Republica Centro Africana, para evitar otros derrames de sangre interafricanos. Frente al agravio, el gobierno de François Hollande canceló la delegación ministerial  que lo debía representar a Kigali para la ceremonia de los veinte años del Genocidio.  En respuesta, el gobierno ruandés le quito la credencial al Embajador, que no podrá participar del responso oficial.

Evidentemente los franceses no participaron del Genocidio. El clima gélido entre los dos países, tiene que ver con la presencia de Agathe Habyarimana en suelo francés.  Veinte años después del genocidio, no solo vive en Francia, y habiendo pasado 18 años, sin un juicio a la vista, pudo ella, “Lady Genocide”, hacerle un juicio a Kagamé, atribuyéndole el derribo del Falcón 50, el 6 de abril de 1994, obteniendo que sea condenando por la justicia francesa en 2006. La investigación del juez anti-terrorismo Jean Louis Bruguière concluía que los tiros fueron disparados desde la colina de Masaka, donde existía un asentamiento del FPR.

En 2012, esa investigación fue reducida a la nada por otras pericias balísticas, según las cuales los tiros partieron de la base militar de Kanombe. Ese decir el entorno castrense del fallecido presidente. En Marzo 2010, Ruanda había roto las relaciones diplomáticas con Francia. Solo en 2010, bajo los esfuerzos del presidente Nicolas Sarkozy, se reanudaron con la decisión de este de arrestar a la viuda y extraditarla a Arusha, de modo que responda a las preguntas de los jueces. Pero en 2011, la más alta jurisdicción del Hexágono se opuso a esa extradición.  La justicia es independiente del Ejecutivo, empero el simple hecho de tener un genocida libre en suelo francés, individuo que tampoco tiene estatuto de refugiado, con lo cual sólo se puede interpretar que su régimen de residencia está atado a un alto nivel de protección política, crea un malestar insostenible.

Más o menos todo se ha dicho sobre las falencias de los que podrían haber actuado bajo un amplio abanico de regulaciones internacionales, empezando por el Chapter VII, que autorizaba el despliegue de una fuerza de interposición inmediata, para proteger los tutsis y los hutus moderados del ejército ruandés y de sus milicias, los interahamwe y los impuzamugambi. En los dos casos los paramilitares consistían en un amasijo de jóvenes desocupados, clientelizados por el gobierno extremista hutus del presidente Juvenal Habyarimana. Los interahamwe se encontraban directamente bajo las órdenes del ejército ruandés. Quien tenía en correa corta los impuzamugambi, era Hassan Ngeze, jefe del partido “Coalition pour la Défense de la République”[i] (CDR).  Éste fue típicamente uno de esos partidos de falsa oposición como se crean en las democracias de fachada. El CDR era racialmente aún más extremista que el « Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement »  (MRND) de Habyarimana. A esos tres componentes del genocidio se debío agregar el ciudadano hutu, embriagado de la propaganda de odio racial que se difundía por las cadenas gubernamentales como la revista “Kangura” o Radio Milles Collinnes[ii], por afiches y en algunos casos por sermones en iglesias.

Ocho cientos mil personas fueron salvajemente asesinadas, sin contar las mutilaciones, violaciones,  a las cuales hay que agregar el agravante de transmisión del VIH y posteriores muertes, frente a un mundo impertérrito. Quien tenga edad de haber sido coetáneo de los trágicos sucesos, se acordara que durante tres meses, el gran debate que agitaba de pirrónico escepticismo la inteligencia era:  ¿técnicamente es o no un genocidio?  Cuando el entonces Papa Juan Pablo II rompió las aguas, y primero  calificó, en fecha 28 de abril, la matanza de genocidio, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Christine Shelley, lo desautorizó:  “El uso de la palabra ‘genocidio’ tiene un sentido legal muy particular, aunque no se trate estrictamente de una definición. Hay otros factores en juego, de todos modos allí“. A mediados de mayo, la Cruz Roja evocaba la escalofriante cifra de quinientos mil muertos. El 12 de ese mismo mes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hace suyo el término genocidio. Ya no se podía hacer el avestruz. No obstante, los genocidas dispondrían de dos meses más para acabar con  el 70% de la población tutsi.

El genocidio fue anunciado con total diafanidad mucho antes del fatídico 7 de abril, porque fue anunciado por hechos; una seguidilla de pogromos anti-tutsi. En el correr del año 1993, 300 tutsis fueron asesinados. Lo que el gobierno de Habyarimana quería impedir a través de ese ensañamiento era que se cree un gobierno de coalición y que se llame a elecciones. Ese mismo año el gobierno hutu se había visto forzado a firmar un acuerdo en Tanzania, el Acuerdo de Arusha,  con el “Front Patriotique Rwandais” (FPR) de Paul Kagamé (desde 1994 a la fecha, presidente de Ruanda). El FPR, era un grupo político militar que defendía los intereses de los tutsis en exilio desde 1959. El pacto firmado en Arusha obligaba a Habyarimana a poner fin al monopolio del MRND y a la propaganda racista anti-tutsi.

Volviendo Habyarimana de un encuentro en Daar es Salaam (Tanzania) con su par burundés, Cyprien Ntaryamira, el avión Falcón 50 en el cual viajaban es abatido cuando se disponía a aterrizar al aeropuerto de Kigali (capital de Ruanda).  Al día siguiente, el 7 de abril se iniciaría la matanza contra los tutsi, acusados de ser los autores del atentado. Habyarimana tenía opositores dentro de su proprio círculo político, que por extraño que parezca lo encontraban demasiado proclive a la negociación con las partes involucradas en el tratado de Arusha. Una de las manifestaciones de esa presunta debilidad, expresada por su entorno, era de no haber destituido a la Primer Ministro, Agathe Uwilingiyimana. Una hutu que abogaba a favor del dialogo con el FPR.  Sería asesinada el 7 de abril cuando se dirigía hacia los estudios de grabación de “Radio Ruanda” para llamar la población a la calma. Diez cascos azules belgas de la Misión de Naciones Unidas para la Asistencia al Ruanda (MINUAR) que la escoltaban fueron secuestrados y asesinados el mismo día.

Con ese asesinato Agathe Habyarimana, mejor conocida como “Lady Genocide” por sus compatriotas, se veía libre de trabas al cumplimiento “de su único objetivo”.  Conformó un gobierno interino que fue reconocido por todas las potencias. El gobierno o “Clan de Madame” reforzó el círculo  “Akazu”, o “Pequeña Casa” [mesa chica] desde el cual se desplegaría el “Poder Hutu” a machetazo limpio. Se demostraría que no en vano fueron importados de China, centenares de miles de machetes pocas semanas antes del genocidio, al Ruanda.

Nepotismo, clicas mafiosas y propaganda, esa máquina gubernamental tenía un “único objetivo” que es precisamente lo que significa en Kinyarwanda, la lengua oficial del Ruanda, “Impulamugambi”, el nombre de una de las dos milicias. Radio Mille Collines vaticinaba odio, arenga tras arenga, apelando a matar al tutsi. Pero mismo en una cultura de odio racial macerada durante 35 años -desde lo que fue el manifiesto Bahutu de 1957, texto por el cual un grupo supremacista hutu decretaba la segregación racial entre tutsi y hutu- no se podía  llegar a convertir un pueblo entero a ese nivel de enajenación de la especie humana.

Una de las herramientas propagandísticas para llegar a ese resultado fue la acusación en espejo. La técnica consiste en atribuirle al otro sus propias ambiciones. Una de esas acusaciones fue de pretender que los tutsis querían exterminar los hutus. Ese leitmotiv aparece en varios de los tapes desgravados por los expertos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania). Un poco como Nicolás Maduro cuando alega estar luchando contra “fascistas” para justificar sus numerosos atropellos a los derechos humanos.   O los ucranianos de la Plaza Maiden que pretenden luchar contra el autoritarismo de Moscú y defender la democracia, entonando los refranes fascistas que cantaban sus abuelos durante la Segunda Guerra Mundial

No fue difícil soliviantar las huestes porque el gobierno de la viuda de Habyarimana disponía de un sostén total de la comunidad internacional que abarcaba polos a menudo antagónicos como Francia y Estados Unidos. Ese sostén venía de lejos, de décadas. Todo parte de una vieja historia, sobradamente conocida. Cuando Ruanda era una colonia alemana, los tutsis tenían más gracia a los ojos de los teutones porque eran pastores y según una vieja tradición cristiana, el pastor pertenece a una casta superior. Es un líder. Se creó un clivaje racialista, que después se daría vuelta contra los tutsis. Los germanos decidieron que los tutsis provenían de una rama Nilotica. En otras palabras no eran  africanos. Los alemanes los evocaban como massai, por el parecido físico y costumbrista entre las dos etnias. Leni Riefenstahl, la famosa fotógrafa alemana que participo de la propaganda de Goebbels, sería quien llegada la posguerra inmortalizaría esa fascinación por los massai. De todas esas fantasías, los tutsis fueron los primeros sorprendidos. Esa publicidad los perjudico al asentar la idea, que sería luego enarbolada por los hutus, que eran extranjeros a la región de los Grandes Lagos.

Después de la derrota de las tropas del Káiser, el país de las Mil Colinas pasaría a  ser administrado por Bélgica. Durante las primeras décadas, los belgas mantendrían el mismo clivaje, favoreciendo a los tutsi. A partir de los años cincuenta, caerían en desgracia. La nueva doxa hacía de los hutus los buenos y de los tutsis los desdeñosos opresores.  El primer impulso fue altamente loable: crear una elite hutu, sacerdotes, docente, políticos etc. Después se generaría una actitud de despecho y de ostracismo hacia los tutsi que iría ganando en hostilidad con el paso del tiempo. Hay muchas explicaciones sobre el cambio de actitud. Una de ellas, tal vez la más simple, es la aversión hacia la idea de elite que acompañó la filosofía y sociología europea de la misma época.

Varios párrocos católicos participaron del genocidio ruandés y fueron detenidos por la Corte Internacional de Arusha, instancia constituida en 1994 por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Iglesia, exceptuando la declaración de Juan Pablo II que fue un personaje fuera de serie dentro de la institución eclesiástica, fue abiertamente pro-hutu y permitió a varios de los genocidas salidos de sus rangos escapar de la justicia internacional. La iglesia no sólo no protegió a los tutsis sino que a menudo fueron entregados después de haber buscado amparo en el templo. Hoy los ruandeses, víctimas o genocidas indiferentemente, se vuelcan hacia el protestantismo o al Islam, en busca de una espiritualidad que los ampare de los odios que hicieron posible el genocidio.



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