Dossier Amia II. Víctimas de una matriz criminal aún vigente

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Introducción

De la primera parte de la investigación, “Dossier Amia, quién, cómo y porqué organizó la impunidad “, publicada en este portal el 20 de septiembre pasado surge que hubo un verdadero ensañamiento por parte de los servicios de seguridad para poner palos en las ruedas de los investigadores, principalmente al juez Juan José Galeano, del juzgado federal Nº 9, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y para vilipendiar a los abogados más combativos, que fueron Luis Dobnievski para la Amia y Marta Nercellas para la Daia. Sin embargo, no obstante el consistente esfuerzo de sabotaje desde el más alto nivel del Estado, queda la carcasa de la investigación con aquellos hechos irrefutables que dicen lisa y llanamente que los autores materiales de la voladura de la Amia y Daia, dicho de otra manera: los terroristas, son argentinos. A partir de 2003, no sólo la causa se estanca, sino que los únicos condenados a cárcel hasta la fecha son sobreseídos por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, dejando la camada de policías bonaerenses, todos irrefutablemente involucrados en la perpetración material del atentado, libres.

En esta segunda parte se trata de estudiar la conexión internacional. El grupo terrorista argentino, mezcla de fuerzas de seguridad, políticos, civiles, militares y paramilitares necesita para desarrollar sus actividades delictivas, mutar de la gran delincuencia del conurbano al crimen organizado transnacional. Ciudad del Este, como es bien sabido es un punto nodal para los tráficos ilícitos y Ciudad del Este necesita de la contraparte argentina. Simplemente por la cultura congénitamente propicia a la corrupción, sus arsenales incontrolados de armas, sus fronteras marítima y fluvial, su ausencia de controles, y la semilla antisemita germinada por el peronismo. Todo ello se coliga para hacer de la republica un Eldorado para quienes tienen entonces el monopolio, no de la producción, sino de la distribución de la droga. En Ciudad del Este el hampa está en manos de clanes libaneses afiliados orgánicamente al Hezbollah o, en todo caso, rindiéndole pleitesía.

NO se trata en esta segunda parte de volver sobre el esquema local y el “quién hizo qué” desde la compra de la  Renault Trafic hasta la voladura. Eso ya consta en la primera parte del dossier, en este mismo portal. No obstante, para entender como se pudo producir el encuentro entre la conexión local, la conexión Hezbollah y sus socios, es importante adentrarse un poco más en la naturaleza del grupo local y profundizar la dimensión del encubrimiento político a través de los cómplices o socios del grupo. Es muy ingenuo esperar arribar a resultados en materia de colecta de inteligencia, y más de pronunciamiento de condenas, puenteando el nivel político. El grupo es un todo holístico.

Como son varias las declaraciones que vienen re transcriptas en su forma bruta en esta segunda parte, sin caer en el prolegómeno, es importante resaltar que la única modalidad de la credibilidad en cuanto a los aportes de información, dentro del expediente Amia, depende de si llegan directamente al juzgado o si han sido tercerizados por servicios. Dicho en claro: de los quinientos legajos del juez Juan José Galeano a los cuales conviene agregar las dos causas por separado, denominadas “armas” y “brigadas” refiriéndose respectivamente a la policía bonaerense una y la otra a los “carapintadas” constituyendo estos, el brazo armado del entonces partido neo nazi, Modin; los datos explotables son aquellos que emanan de las declaraciones de testigos dirigidas directamente al juzgado. Cuando la información viene por los servicios, indefectiblemente la pista se transforma en un callejón sin salida, una operación apuntando al sector adverso o simplemente una distracción aspirando las pocas fuerzas en recursos humanos y tiempo del equipo investigativo.

Tal vez la causa Amia desde ese punto de vista sea el mejor caso de escuela para entender el funcionamiento de los servicios de inteligencia argentinos contemporáneamente, la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) y la Dirección de Protección del Orden Constitucional (DPOC) principalmente, y anoticiarse que la seguridad de los ciudadanos se remite a las buenas de la providencia o, para los creyentes, en manos de Dios.

Peligrosidad de la conexión local

Para que se entienda el nivel de peligrosidad, violencia e impunidad de la banda delictiva argentina, lo mejor es nunca apartarse del expediente. El 9 de octubre de 1995, llega al juzgado del doctor Galeano un documento anónimo firmado por un suboficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ese suboficial quiere denunciar al oficial del mismo cuerpo Omar Gustavo Azpiazu. Éste forma parte de una banda delictiva dedicada a levantar autos a los cuales se les cambia el chasis y el motor y “gracias a contactos con agentes de la denominada Sustracción de Automotores, sita en Vicente López, se procedía a verificarlos sin que salga marcada por la adulteración”. Más lejos, el anónimo cuenta que la actividad ilícita de robo de automotores se volvía cada vez más peligrosa pero la banda, compuesta por delincuentes de derecho común y policías, siguió operando hasta 1993. En aquel momento, la banda encabezada por Azpiazu ya había tomado un giro hacia el tráfico de armas y de drogas. Dos tráficos que según fuentes varias resultaban y resultan menos peligrosos en la República Argentina, puesto que no necesitan de “papeleo” [tráfico de documentos] y además siendo los ingresos más importantes permiten acceder a protecciones políticas e institucionales mayores.

Siempre según el anónimo, es en 1993 que Azpiazu conoce a Carlos Telleldín siendo este detenido por circular con un BMW “trucho”. En aquel momento, el hijo del represor de Córdoba, Raúl Telleldin, tiene su agencia de coches en Villa Devoto y trafica drogas y armas.El sumario de Azpiazu es estrambótico, brutal. Habla de un hombre de una extrema peligrosidad. En el documento “Sumarios sin sanción” de la Dirección General del Personal de la Secretaria de Seguridad son listados 22 expedientes donde figuran: asociación ilícita, robo de automotores, homicidio (expediente del 02/10/85 y del 30/03/87), lesiones en riña, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de armas y robo, privación ilegal de la libertad, tenencia de armas de guerra, robo con armas, robo agravado por escalamiento, abuso deshonesto, robo doblemente calificado y en banda. Está todo el Código Penal prácticamente en el sumario del oficial. Y cada expediente viene acompañado de la mención: Exento. “Exento por no haber trasgredido disposiciones vigentes”. No sólo es exento sino que va escalando posiciones hasta 1996, cuando se retira del servicio. En el marco de su carrera de gran bandidismo al calor de la policía bonaerense, habrá recibido amonestaciones, pero por hechos menores en comparación con lo que figura en su sumario. En una sola ocasión, el 13 de abril 1994, siendo oficial principal en San Isidro, fue pasado a disposición como medida preventiva y reintegrado en la comisaría principal de Morón el 17 de julio de 1994.

A través del caso Azpiazu se revela una policía radicalmente fuera de la ley, de recursos humanos dotados de un bajísimo nivel de estudio, muchas veces con el primario a penas cumplido, violentísima. Para esa fuerza, un atentado terrorista técnicamente no es nada más que un salto en calidad, en un momento en que sus negocios están mutando del robo de los automotores y robos en banda al narcotráfico a la grande.
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La investigación de la Amia es la crónica de datos fundamentales al esclarecimiento de la causa, que se apagan como llegan. No se pudo, no se vio, no se supo, no se obtuvo… Y por sobre todo no se entrecruzó. Son muchos los testimonios de la misma índole y sin embargo están como vallados. Los hechos se reflejan como espejos pero falta la manifestación de la prueba, la cual necesita de los servicios de inteligencia y del ejercicio de la fuerza pública tan independientes, como la justicia ella misma, del poder político y del hampa.

Mientras por esos años, la clica de Telleldín, Ribelli y carapintadas sigue prosperando en territorio argentino, el comisario de la seccional 3ª de Vicente López, Ricardo Abel Sosa, es asesinado el 28 de enero de 1996. Ese día, Sosa se encuentra de civil en servicio junto al oficial Jorge Eduardo Labarre y el oficial principal Carlos Cosmar, en un vehículo de tipo privado, investigando un grupo de policías que se dedican al robo de Trafic y ambulancias ilegales, las cuales son utilizadas para negocios ilícitos como el de narcóticos. La empresa que equipa y trafica las Renault Trafic se llama “Medicine”.

Frente a la calle Belgrano 2792, se para una ambulancia de la empresa aludida, donde asciende un sujeto a la Renault Trafic, vehículo que parece dirigirse hacia la ruta 26, según consta en el legajo. Los tres policías de civil les intiman a los tripulantes de la ambulancia la orden de detenerse, exhibiendo sus credenciales. Uno de los tripulantes de la ambulancia, Oscar Alfredo Flores, abre fuego con armas de grueso calibre. Son las 9:35, Sosa es herido en el tórax y muere poco después de ser internado en el hospital municipal de Del Viso. Aparentemente, el motivo habría sido el famoso “tropa no investiga tropa”. Un sumario es iniciado en el departamento judicial de San Isidro. La carátula es tanto para la víctima como para los autores: “resistencia a la autoridad”. El sumario es trasmitido al juzgado federal Nº 9 del juez Galeano y el comisario Ramón Oreste Verón, parte de la trama delictiva, conduce las investigaciones con la división Sustracción de Automotores de Vicente López. Esa división tenía por jefe al mismísimo comisario Juan José Ribelli, hasta que éste fuera detenido en la causa Amia. Tan a gusto en su feudo, revertiendo los royalties del crimen a toda la jerarquía de la policía bonaerense, la cual nunca había visto semejante manantial, que hasta había alojado la división automotores en una agencia de colocación de coches que le pertenecía, la agencia “Gran Prix”.

No obstante ello, se llega a saber que la flota de Medicine está compuesta de seis ambulancias Renault Trafic. Todas con pedidos de captura y todas con motor y chasis traficados, y allí queda ese tramo de la investigación, como tantos otros cabos sueltos, debido a la promiscuidad entre investigadores y delincuentes. Los denominadores comunes aparentes son muchos más que el listado que sigue, y hay que recordar que son sólo dos casos del expediente. Hay muchos más.
– Narcotráfico en la misma zona
– Personal de la misma fuerza
– Robo de automotores, preferentemente Trafic
– Misma técnica de desdoblamiento de los automotores, modificaciones de chasis y motores
– Utilización de la División Sustracción de Automotores de Vicente López para legalizar el rodante
– Tenencia de armas de guerra
– Caratula eufemística utilizada por la policía de Buenos Aires y el juzgado de San Isidro: “resistencia a la autoridad” para calificar un homicidio mafioso.

Ribelli, Telleldín y Alejandro Sucksdorf están presos en ese momento, ya en 1996, cuando ya se tiene un muy buen conocimiento del grado de delincuencia de la conexión local. Lo mismo se puede decir de los carapintadas que eran todos del Modin, sea la afiliación oficial o no. Pero el procesamiento de todos ellos no se podrá sustentar. No por falta de elementos, sino porque no está investigada la red delictiva que los abarca dentro de una misma unidad operacional mafio terrorista.

Nexos de los carapintadas

Entre los carapintadas, cuyo rol principal fue de aportar los explosivos a la voladura de la Amia y de asegurar el “servicio post venta” del atentado, se encuentran varios peronistas de la extrema derecha, cercanos o parte del entonces partido Modin, eso es sabido. Lo que se finge ignorar es que algunos de ellos están hoy afiliados al Frente para la Victoria (otros, si podían, a punto de pasar al Frente Renovador de Sergio Massa).

La declaración de Marcelo Claudio Isidoro Cañete, chofer del ex sargento Jorge Pacífico, ex batallón 601, es muy reveladora de los nexos políticos e internacionales de la rama “carapintada” o paramilitar de la estructura criminal. Entre los nexos políticos cabe destacar el violentísimo intendente de Merlo, Raúl Alfredo Othacehé, al poder desde hace 20 años, pasado del duhaldismo al kirchnerismo, y, como es natural, Juan Carlos Eslaiman Ale, presidente del bloque del Modin.

Marcelo Claudio Isidoro Cañete declara el 15 de diciembre de 1995, poco antes de que se resuelva el procesamiento de los carapintadas el 22 de diciembre del mismo año: “Con el tiempo el Ruso se presentó a POLITO cree en Febrero o Enero del año 1994, desconociendo si ése es el nombre o un apodo. Se lo presentó ya que POLITO es una persona con vinculaciones políticas y así esos conocidos podían ofrecerle trabajo de chofer. Con el tiempo se fue enterando que tiene vinculaciones con el intendente de Merlo de apellido Otase (sic), con el intendente de Morón de apellido Russelot, siendo además amigo personal de la hermana de Otase. En esa oportunidad Polito le manifestó que le iba a presentar a Jorge Pacífico”. Poco tiempo después, Cañete empieza a trabajar como chofer de Pacífico. En la oficina de Pacífico se cruza con gente del Modin y otros civiles. Se gestan acciones de gran bandidismo, asesinatos y robos. Entre otras personas con las cuales se cruza Cañete está el “Gordo”, también referido como el jefe de la custodia de Eduardo Duhalde, por entonces jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, al ser Duhalde gobernador de dicha provincia. La policía en ese momento está dividida más que en seccionales en “patotas”, como así aman referirse los propios componentes de la fuerza, tal como surge de documentos exhibidos en la parte I de este dossier.

En la declaración, Cañete describe un homicidio en relación a un vuelto de ochenta mil dólares de los quinientos mil, que debía entregar un emisario a dos semanas de ocurrida la voladura de la Amia. Pacífico explica a Cañete que esa suma corresponde al pago de los explosivos. En la escena del crimen, además del diciente se encuentran Pacífico y el jefe de la custodia de Duhalde, nunca referido por su nombre:“Un sujeto sube al coche. La persona que iba en la parte trasera del rodado se corre hacia la ventanilla del lado derecho y asciende el sujeto relacionado. Que Pacífico en el mismo momento desciende del rodado y asciende a la parte atrás por el lado izquierdo. Es así que el sujeto se encontraba sentado en el medio de Pacífico y el jefe de la custodia de Duhalde. Pacífico le indica [al diciente] de seguir la marcha, todo derecho y a las veinte cuadras siente que están discutiendo, elevando el tono de voz. Al llegar a la General Paz siente que el coche se mueve y el diciente gira la cabeza hacia atrás y nota que el sujeto que ascendió tiene la cabeza agazapada hacia las rodillas por la fuerza que ejercía Pacífico. Le dice que se quede tranquilo y que siga manejando. El diciente le dice qué hizo, que había matado a una persona. (…).” De allí los tres se trasladan a Campo de Mayo, donde Pacífico entra con documentación que le concede acceso al sitio militar, según Cañete, y se presenta una persona a quien es trasladado el occiso para hacer desaparecer el cuerpo.

El mismo “Gordo” es observado en otra ocasión por el diciente el 2 de junio en una recepción de la Embajada de Irán y en varias reuniones en el Bauen con miembros del Modin, episodios de los cuales será cuestión. Se buscó el cuerpo del valijero en Campo de Mayo y, como es de rigor en la causa, no se lo encontró. En cambio fue recibido en el juzgado un testigo que sólo aceptó declarar en condiciones de anonimato y luego desapareció sin dejar rastros. Habiendo trabajado para Carlos Telleldín decía haber apercibido un hombre con maletín en la cochera del polaco Daniel Wozniak de la calle Avellaneda al 718, en Ramos Mejía. Wozniak se dedicaba al tráfico de automóviles importados y viajaba a menudo a Paraguay. El anónimo aserto que la Trafic había sido conducida y estacionada en esa cochera en los días previos a la voladura. Todos los pormenores que dejó el testigo fueron corroborados como consta, negro sobre blanco, en el correspondiente legajo y el testigo fue intensamente buscado por el juez Galeano, sin resultado. No se puede a la fecha concluir si el hombre de maletín asesinado en las inmediaciones del 18 de julio, el de la declaración de Cañete, es el mismo que el que vio el anónimo en los cinco días anteriores a la voladura de la Amia.
Se puede pasar por la criba todos los miembros del ex-Modin, como el que fuera Juan Carlos Ale Eslaiman, el concejal del partido antisemita para la provincia de Buenos Aires, vocero de Aldo Rico, conocido por la profanación del cementerio judío de Berazategui; todos mantienen relaciones con los desarmaderos de autos en la provincia de Buenos Aires, todos tienen un vínculo orgánico entre ellos. En el caso de Juan Carlos Ale Eslaiman el vínculo se hace a través de Luis Kesseler, implicado en asuntos de tenencia de armas de guerra y secuestro extorsivo, en este último caso a través de un ex miembro de la inteligencia del Ejército, Horacio Carrondi (secuestro extorsivo del ingeniero Osvaldo Fabio Sivak). Como muchos otros carapintas, Ale tiene una debilidad por la dolce vita en el narco country, un sector inmobiliario en el cual los miembros del Modin han invertido parte significativa de su botín de guerra.

Córdoba

Otro episodio de relevante interés para entender el esquema delictivo y el grado de protección que beneficia a los causantes que hicieron posible el atentado a la Amia lo propicia la deposición de un narcotraficante ascendido bastante alto en la jerarquía mafiosa, esta vez no bonaerense sino cordobés. El 18 de junio de 1996, un sujeto al cual le daremos un nombre ficticio, Alberto Serrano, se presentó en la sede del Centro Unión Israelita de Córdoba, pidiendo hablar con el rabino de la comunidad. Fue derivado a la Daia. Necesitaba de un escudo frente a una situación dentro de la organización delictiva que se había alterado a punto tal de amenazarlo. Las informaciones que decía poseer sobre el atentado a la Amia ocurrido un poco menos de dos años atrás debían ser su pasaporte. Serrano pertenecía a un grupo involucrado en tráfico de drogas y armas de la ciudad mediterránea. El esquema delictivo tenía a su cabeza a Luis Pavone, mecánico, de nueva fortuna ostentadora, propietario de varias gasolineras y muchos bienes inmobiliarios en Córdoba y Buenos Aires. Subiendo los eslabones de la organización, Serrano frecuenta jueces, principalmente el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, el secretario Fernando Amoedo, Carlos Casa Olmos, traficante de armas éste, un militar de apellido Gálvez, el teniente de la fuerza aérea Fernando Marcos Jadre, un alemán traficante de armas, Broner, y muchas otras personas. Cuando sus tareas dentro de la organización delictiva le imponen viajar a Buenos Aires, el testigo puede adosarse a la protección de policías de la bonaerense y Federal. Todo eso consta en su declaración con nombres y apellidos.
Jueces, comisarios y subcomisarios, tanto de la policía provincial de Córdoba como la Federal, están implicados en el gran bandidismo, garantizando seguridad e impunidad a los miembros de la organización. Los jueces federales de la estirpe de Freytes son a los narcos, lo que el buen amigo gay es al hetero, se le puede decir todo sien que te juzgue. Serrano puede en ese momento alardear de la protección del comisario mayor Marzorati porque ya es un hombre relativamente importante dentro de la organización. Varios policías provinciales “papelean” (venta al por menor de cocaína) para él desde los móviles. La droga viene de Colombia principalmente y es recibida por vía terrestre dos veces por año, en marzo y en noviembre. En 1996, Serrano confía vender por mes, él solo a través de sus soldados, entre 80 y 100 panes de cocaína (1 pan = 1kilo). El capo cordobés Luis Pavone contribuyó activamente al financiamiento de la campaña presidencial de Eduardo César Angeloz, el que fuera gobernador de Córdoba.

La parte relacionada a la Amia se abre con el relato de una reunión que se dio en el Polígono de Tiro Federal de la Provincia de Córdoba en la localidad de la Calera, a la cual asisten todos los nombrados anteriormente en la declaración de Serrano. “Carlos Casa Olmos estaba preocupado por haberle proporcionado armas a dicha banda de ‘El Pescado’ a lo que el juez federal Sánchez Freytes le refirió que no se hiciera problema alguno, ya que de existir un problema, se encargaría de ‘limpiarlo’. Que siguieron la conversación sobre armas. El alemán Broner le dice a Olmos si había conseguido los panes de trotyl. A lo que este último le respondió que necesitaba dos semanas más. Aclara el diciente que todo ello fue dicho delante del juez Sánchez Freytes. Se habló finalmente de la manera de transportar el explosivo. Dos semanas antes de la voladura el grupo se reúne de nuevo. Olmos le dice a Broner que el trotyl no es lo que considera mejor. Y de vuelta hablan de la manera de transportar el explosivo que deciden que sea por tierra en una Trafic y una Fiat lila“.

ExplosivoSi ése fue el explosivo utilizado o no, no se sabe.
Para la conexión local cabían varias otras opciones mucho más lógicas y más
simples. Sin riesgo de incurrir en una exageración se puede afirmar que la cuestión
de procurarse los explosivos era el menor de los problemas para la conexión
local. Fabricaciones Militares, Villa María, Azul, la empresa Dieterle
Explosivos Sociedad Argentina (D.E.S.A) en la ciudad de Olavarría, opción muy
investigada al no haber esta compañía acatado la orden de un magistrado interventor,
ya en 1988, para la remoción de las bolsas de nitrato de amonio hacia otro
lugar más adecuado, tanto como la incineración de la pólvora y de los cartuchos
y la devolución de los proyectiles de guerra. Al contrario, su arsenal había
aumentado. Otra de las tantas empresas que podían proveer el explosivo, en la
misma zona de Olavarría, era Del Bene y Serris S.A., cuya particularidad es de
haber tenido por cliente a Nassib Haddad, el dueño del volquete que fue
instalado frente a la puerta de la Amia. Volquete que mucho tiempo generó
polémica. Se sabe contundentemente que no hubieron explosivos dentro del
volquete pero no se puede descartar que su presencia allí en ese momento no
obedeciese a un imperativo como de asegurarse que el espacio no sería ocupado.
Explosivos y armas en Argentina no faltaban ni en 1992, ni en 1994. Hablando de
explosivos, hay varias fuentes en el expediente que aseguran que la explosión
fue avanzada en tres horas porque habrían habido tres personas dentro del
edificio de la Amia que trabajaban a instalar explosivos que se debían sumar a
la Trafic en la voladura, y el esquema terrorista no quería dejar huellas
detrás de si. Serian personas que tenían acceso a la mutual (o no quería pagar
lo que correspondía, después de todo se pelean entre ellos por saber quién va a
comprar las menudencias del mantenimiento de la oficina.) No hay detalles al
respecto. ∞ 

Lo más interesante del aporte de Serrano es que demuestra un esquema compuesto de servicios mixtos involucrados, de la base a la cumbre, en la gran delincuencia, tráfico de armas y de droga, impunidad total garantizada por el poder judicial y nexos con la política. Todo mezclado a una cultura profundamente antisemita. De las tertulias mafiosas de Pavone, especialmente aquéllas en las cuales se discurrió de la Amia, quedarían vídeos grabados por el propio Luis Pavone y su hijo, de modo de tener a todos atados y que nadie traicione nadie, conforme a un uso mafioso ampliamente instalado.

Las informaciones de Serrano fueron corroboradas en gran parte y eso es señalado en el legajo por la secretaria del juez. Pero no se pudo investigar en lo que toca a los representantes de las fuerzas de seguridad y el juez federal. Cabe decir que este último no fue ni lo más mínimamente rozado por la investigación. Muy rápidamente le fue dicho al juez Galeano que no tenía competencia sobre el territorio de los hechos. Las intercepciones telefónicas se solventaron en casetes vírgenes y si hubo sonidos portaban sobre conversaciones sin interés alguno para la causa. ¿Y cómo podría haber sido de otra manera con ese nivel de protección?

Declaraciones de Leandro Sánchez Reisse, acercándose a la “full picture”

Un breve repaso del resumen de Leandro Ángel Sánchez Reisse reseña que es un ex batallón 601, se hizo conocer al gran público por el secuestro extorsivo de su amigo y socio en negocios, Fernando Combal, entre otras menudencias. Se sitúa en un cuadro histórico argentino dentro del cual se entrecruzan los hermanos Graiver durante la fase del proceso militar, representantes de los servicios de inteligencia de la junta negocian con Montoneros o socios de los mismos, socios secuestran a sus propios socios, y de en cuando en cuando hay un sacrificado sin que se puede desintrincar quien es la víctima, y quien es el represor. Típicamente el nudo gordiano criollo. Buscar una onza de nobleza en ese gentío es una empresa condenada al fracaso de antemano. Actualmente se encuentra detenido en el centro penitenciario de Marcos Paz por una causa de crímenes de lesa humanidad. Es una aclaración necesaria al examen de los datos que aporta, porque ateniéndose a su pedigrí, sus tres declaraciones en la causa Amia podrían verse descalificadas. Sin embargo es precisamente porque es lo que es, que sabe lo que sabe. Para luchar contra los hacker se necesita de un hacker de mismo nivel, lo mismo para todos los delitos.

Apenas concluida su segunda declaración sobre el caso Amia ante el juez Galeano (la primera la dio en 1995 ante otra jurisdicción) el 1 de julio de 1998; el mismísimo día, Sánchez Reisse es detenido como consecuencia de un pedido de captura del Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Penal Nº 2 de Rosario en el marco de la llamada “conexión Rosaura”. Una causa olvidada que de pronto surge de la nada. Se le reprochaba a Sánchez Reisse en aquel momento intentar colocar en Zúrich cinco obras maestras universales, entre ellas dos Goya y un Greco robadas el 24 de mayo de 1987 del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.
Curiosamente, según consta en un documento del Federal Bureau of Investigación (FBI), de la central de Tampa, estado de Florida, redactado el 13 de agosto de 1998 a intención del juez Galeano, Leandro Sánchez Reisse fue el investigador privado que utilizó el FBI para recuperar las obras detenidas, en la misma causa, por el comisario retirado Carlos Longo, quien residía en Miami, Florida. El FBI actuó en respuesta a un exhorto argentino, que no podía ignorar el rol del “Marques”, al menos según lectura del documento del FBI, puesto que en el momento del arresto y recupero de una de las obras del maestro Francisco Goya, «un representante de la Policía Federal Argentina estuvo disponible para la conclusión de la operación y las entrevistas posteriores al arresto”. Longo y su esposa fueron extraditados y posteriormente, tanto como previsiblemente, liberados.
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La primera declaración de Sánchez Reisse data del 5 diciembre de 1995 ante la comisaria I y no aporta mucho a la causa Amia. El diciente denuncia personas que lo estarían siguiendo y hace referencia a su trabajo en el FBI “en el área del narcoterrorismo y en la última etapa de la investigación sobre el atentado de la AMIA, lo que motivara un envió al F.B.I en día de ayer desde el hotel”. Fax del cual hay constancia en el mismo legajo. Su debriefer en la agencia estadounidense sería el jefe de la Policía Sr. Piker (f), por orden de quien habría estado investigando.

La segunda declaración, ya compareciendo ante el juez Galeano, aporta datos mucho más generosos. “El compareciente manifiesta que en el año 1987 fue contratado por la D.E.A. [Drug Enforcement Agency], para realizar investigaciones respecto del narcotráfico y lavado de dinero. (…) Que para esa época se hace efectivo un pedido de extradición que pesaba sobre el declarante por parte de autoridades judiciales Argentinas; siendo por ello que, con fecha 20 de setiembre de 1987, fue traído a la Argentina, y 78 días después, el Dr. Cevasco lo deja en libertad” (…) Se dirige nuevamente a los Estados Unidos de América en donde toma un nuevo contacto con “[su debriefer.] y comienza a trabajar formalmente para la D.E.A”. Surgen muchos pormenores sobre su relación laboral sin interés para la causa presente. A fines de 1988, “el Director del Comité de Narcotráfico y Terrorismo del Senado de los Estados Unidos, de nombre de Jack Blon, lo contactó al declarante con el agente especial del F.B.I [el contacto del FBI] el cual le ofreció que cumpliera funciones para dicho organismo. Es así que comenzó a trabajar en el equipo denominado C2, con una operación encubierta llamada I.F.C. (Integrity Foreign Currrency Corporation) que era comandada por el declarante junto al agente especial [del cual da el nombre], en Hialeah, Miami, Florida, tarea ésta que cumplió a mediados de 1990. Aclara que firmó un contrato con el F.B.I con la intervención de un letrado de Nueva York, [del cual da el nombre] (…) El acuerdo contractual consistía en que el declarante figuraba a cargo de la firma IFC antes mencionada, para realizar operaciones encubiertas en el marco de investigaciones relacionadas con el narcotráfico, lavado de dinero, y delitos interestatales”. A mediados de 1990 hasta julio de 1992 vuelve a trabajar en Colombia para la DEA. Operan un secuestro de “un conteiner en la ciudad de Nueva York, el cual en sus paredes puestas en forma falsa, contenía diez millones ochocientos mil dólares en billetes chicos producto del lavado de dinero, y que pertenecía al Cartel de Cali. Por lo cual se produjo el arresto del responsable financiero de dicha organización delictiva de nombre Camilo Gómez. Agrega que los conteiner venían consignados a la Argentina para la firma Edcadasa.”

→EDCADASSA. Ése es el nombre. La empresa en ese momento tenía por director al ex titular de la Aduana, el brigadier Rodolfo Echegoyen, el cual fue encontrado “suicidado” el 13 de diciembre de 1993. Había anticipado que haría revelaciones sobre Alfredo Yabrán, del cual había sido socio, sobre temas relacionados a droga, lavado de dinero y una conexión militar.∞

Ya en 1994, más precisamente en los meses de octubre o noviembre, “se le asignó una operación por la cual debía comprar un cargamento de heroína en España a un ciudadano de origen turco de nombre Jamid Daftari, el cual se dedicaba al comercio ilegal de estupefacientes”.

→DAFTARI. Se podría tratar de Daftari Abolghasem nacido el 14 de octubre de 1955, iraní y no turco, según comunicó Interpol en respuesta al exhorto del juez Galeano. El iraní fue arrestado en Madrid por tráfico de drogas en fechas del 05 de Mayo de 1986 y del 22 de Febrero de 1994 según informa Interpol. No obstante, una nota del diario español El País, del 12 de julio, anuncia que un tal Daftari Abolghasem acaba de ser arrestado en Madrid en posesión de 7 kilos de heroína, representando 850.000 dosis. Dato omitido por el despacho de Interpol en caso de que se tratase efectivamente de la misma persona. ∞

Sin nombre(25)Los estupefacientes que Daftari le debía entregar a Sánchez Reisse en el marco de la operación encubierta finalmente “no se concretó ya que el declarante fue detenido para ser extraditado a este país” [Argentina]. Antes de ser arrestado Jamish le menciona “una persona que traficaba con armas y drogas de nombre André Jansndsttead [tres ortografías distintas en la declaración] quien tenía información respecto de los hechos sucedidos en la Argentina con relación al atentado de la Amia y el cual se encontraba en esa época en Amsterdam, Holanda.”
→ ANDRE. La persona incriminada sería André Donald Vandenheede, un militar belga del cual la justicia argentina llega a saber que fue comandante del Servicio de Compras del Ejército Belga y a quien se le dictó un pedido de captura internacional por parte de la justicia de su país por los delitos de falsificación de escritura, corrupción pasiva de funcionarios y estafa…”Fue detenido en España y luego de ser entregado a las autoridades de su país fue liberado”, tal como lo subraya el juez Galeano en sus considerandos, dentro del legajo de Sánchez Reisse en 2003, al decidir archivar éste. De fuentes públicas se sabe que el militar belga luego constituyó una sociedad inmobiliaria en Marbella, Arden Estates, de la cual dejó de ser socio el 15 de marzo de 2013. La escueta descripción física que Sánchez Reisse da del belga corresponde a la realidad. No existen a priori fotos del militar en fuentes abiertas. ∞

Daftari le menciona que el mentado André “tiene amplio conocimientos en el mercado ilegal de armas en el continente latinoamericano”. Reisse dice haber mantenido dos charlas con André en Amsterdam. “En una de dichas entrevistas André le manifiesta al declarante que una empresa iraní radicada en Holanda de nombre South Beef con oficinas también en la Argentina, que estaba compuesta por capitales estatales y privados de Irán, habría producido un giro de 4.000.000 de dólares a través del Republica Bank of New York, con destino final en Ciudad del Este, Paraguay, y Montevideo, República Oriental del Uruguay. Que estas subcuentas generalmente se identifican con nombres de fantasía, a los efectos de preservar la confidencialidad de la identidad de sus clientes. Es decir explica que estas subcuentas pertenecen a su vez a una cuenta madre que en este caso le correspondía a Cambios Guaraní SA.”

→ CAMBIOS GUARANÍ. A partir de la deposición de Sánchez Reisse se genera un pedido de cooperación policial a Estados Unidos. Intercambio de correos entre el juzgado de Galeano y el departamento de Justicia americano. Primero se le pide al juez argentino más información sobre las razones de ser de tal pedido, luego se temporiza y se termina por reconocer que la entidad existe pero que no consta ninguna de las transferencias referidas en la declaración del testigo. En ese momento, entre el FBI y los servicios argentinos han sucedido varios sinsabores, uno de ellos lo sucedido con los “siete libaneses” de Ciudad del Este. Hay un tratado de cooperación pero no hay confianza. Por otra parte, Sánchez Reisse está desestabilizando toda una estructura de operaciones clandestinas en el rubro explosivo en todos los sentidos de la palabra del narcoterrorismo. Por ese lado la información se encuentra totalmente estancada. ∞

→SOUTH BEEF: La actividad declarada de la empresa era: abastecimiento de carnes y derivados excepto la de aves y como actividad segundaria distribución y venta de artículos no clasificados en otras actividades. El origen de los capitales era la sociedad matriz M.H.K. Group N.V. la cual tenia domicilio en Belgica, 46, Rue de l’Abattoir (7700) Mouscron. El director era un iraní, nacionalizado holandés Mohamad Khosravi.

“Agrega que dichas sumas de dinero fueron destinadas a grupos de carapintadas argentinos, que estaban contactados con personal de la Policía Bonaerense, para la concreción del atentado aquí investigado. Pudo saber que los grupos de carapintadas se contactaban con grupos mercenarios de la Policía Bonaerense, cuyo único propósito era la obtención de dinero. (…) Agrega que el dinero que fue girado provenía de la venta de armas y drogas en Europa, y fue girado por el grupo Hamas. (…) Agrega que pudo saber también a través de André Jandsntteed, que la participación de grupos de carapintadas en el atentado se debió a que los mismos tenían afinidad ideológica con el Hamas, como que la participación de las personas de la policía bonaerense se debió a fines exclusivamente económicos (…) André le manifestó que tenía posibilidades casi irrestrictas, para el envío desde Holanda hacia Curazao, y viceversa para el envío de armas y de droga”.

→HAMAS. El 14 de Junio de 2000, Sánchez Reisse va a pedir hacer una tercera declaración, fundada esencialmente en los dichos de otro detenido, Carlos Castillo, alias el Indio, en la misma unidad penitenciaria en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, quien sabe muchísimo del atentado por su relación con el Modin y Jorge Pacifico. Castillo habría manifestado a Sánchez Reisse que “el Hezbollah en todas sus conexiones europeas dio la orden de desviar la responsabilidad de los atentados hacia el grupo Hamas”.. Es un correctivo importante. Los tráficos de Ciudad del Este “pertenecen” al Hezbollah. El Hamas comete atentados terroristas pero el narcoterrorismo implica redes complejas, transnacionales, implica transar con partes ajenas a los objetivos militares de las organizaciones terroristas tradicionales. Eso, el único que sabe hacerlo en esa década es el Hezbollah. ∞
El 28 de Mayo de 1995, Sánchez Reisse es extraditado desde Madrid a Argentina. Permanece detenido 33 días y luego es liberado. “En el mes de Enero de 1996, toma contacto a través de un amigo argentino de nombre Pedro Benítez con un ex militar paraguayo, residente en Ciudad del Este [del cual da el apellido], y quien tiene una empresa de seguridad en dicha localidad, de nombre Elite SRL; le informa que en la firma Cambio Guaraní, existían muchas transferencias de dinero que eran cobradas por personal de fuerzas de seguridad argentinas (…) Asimismo, la fuente paraguaya le comentó que personas de las fuerzas de seguridad de Argentina habrían producido también retransferencias a través de Cambio Guaraní al Mamfra Tordella y Brook de Nueva York. “

→ ELITE SRL. Entre los socios de la sociedad Elite no se encuentra el nombre del contacto paraguayo de Sánchez Reisse. Muy presumiblemente se trata de todos modos de un sobrenombre.

La tercera declaración se da cuando Sánchez Reisse comparece el 14 de Junio de 2000, siendo detenido en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional desde el día 6 de setiembre de 1988 y “hace aproximadamente un mes se alojó en el mismo lugar al Sr. Castillo, alias el Indio”. El “Indio” era uno de los hombres de confianza de Aldo Rico, miembro del Modin, tiene un pasado de represor, fue miembro de los grupos de tarea de la dictadura, participo de los levantamientos de “carapintadas”, tiene un prontuario muy importante hecho de homicidio, secuestros extorsivos, traficaba armas, drogas y combustibles a Paraguay, además de haber sido un protegido de Alejandro Brousson, el jefe de la Sala Patria, de la Side. Incidentemente el Indio tenía una relación directa con Carlos Telleldin como surge del expediente.

“El mencionado Morello fue la persona encargada del cobro de 4.500.000 dólares en Ciudad del Este, Paraguay sobre un total pactado de 9.000.000 de dólares. Respecto del arreglo económico para la preparación del atentado. Que se produjeron distintas diferencias entre los miembros de la agrupación antes nombrada, debido a la división de la suma de dinero mencionada. “Más lejos, “Castillo le manifestó que Morello efectuó diferentes viajes a Ciudad del Este desde Asunción del Paraguay, y que poseería un apartamento en Ciudad del Este”. “Castillo le manifestó además que Morello efectuó viajes a Madrid y a otros puntos de Europa para entrevistarse con diferentes contactos respecto del atentado, lo que coincidiría con lo que en su momento extraño a quienes investigaban junto al dicente las conexiones europeas del hecho. ” “En forma específica Castillo le manifestó al deponente que un individuo, ex Comisario dela P.F.A. de apellido Vidal, alias “poroto”, colaboro con la provisión de explosivos tipo” amodil” (sic) y trotyl. Castillo le menciono a un individuo de apellido Alejandro Montiel, como coordinador de algunas operaciones financieras del grupo. Asimismo Castillo le menciono a otro sujeto de apellido Canevari, vinculado al grupo que integra Castillo, como proveedor de armas de la policía de Buenos Aires.” El juez le pregunta en la misma deposición a que se refiere” cuando incluye el mencionado Castillo en un “grupo”, y si ello abarca el partido Modin, a lo que manifiesta que: efectivamente cuando en esta declaración alude a un grupo está sindicando al partido político mencionado, del cual considera que su brazo operativo era el sector ”carapintada” que existía en el mismo, ya que Castillo cuando le habla del grupo se refiere al Modin y cuando habla de este aluda a Morello y Rico.” Más lejos, “Castillo le menciona que su grupo cuenta con una base en Asunción del Paraguay desde la cual se planifico la operación del atentado. En la misma se realizaron diversas reuniones y se manejó un negocio ilícito de combustibles. Agrega el diciente que le resulto extraña la forma desaprensiva en la que Castillo confiesa abiertamente su ideología nazi. A respecto Castillo le manifiesta que la ideología de su grupo era exterminar lo que denomina la sinarquía judía”.Según los dichos que le fueron confiados por Castillo, Reisse también dice que no le cabe duda “que el grupo policial de Ribelli tiene vinculación con el sector carapintada del Modin, específicamente con el grupo de Morello.”

La estadía de los siete libaneses en 1995

El caso Amia es un libro abierto para abordar la estructura del Hezbollah en Ciudad del Este, por los entrecruzamientos, principalmente con el grupo carapintada. En la Sin City paraguaya están los capos mafiosos que no son necesariamente miembros activos del Hezbollah pero que le rinden pleitesía. Amar Aidar El Sidani es uno de ellos. Sidani es un libanés que tuvo que escapar de la justicia de su país en 1970, al haber cometido un doble homicidio, y desde su exilio en Ciudad del Este, se compró una “virtud” rindiéndole favores al grupo terrorista al encargarse de recibir nuevas reclutas en la zona de la Triple Frontera. Es, era (?) un traficante importante. Existen miembros más radicalizados, cuadros del Hezbollah que llegaron a Ciudad del Este escondiéndose, y finalmente la prole, los soldados que después de un pasaje por los diversos tráficos terminan por trabajar en una galería o abrir un comercio de electrónica. Como el Hezbollah no es una estructura exclusivamente religiosa, tiene una rama política, una rama militar y una rama mafiosa, mucho de los hijos de aquellos que causaron el flagelo de la droga para financiar el grupo terrorista en Líbano, viven como otros paraguayos, escuchan reggaetón y bailan el perreo. Los más importantes dentro de la organización prefieren vivir en Foz de Iguazú, del lado brasileño. Otros como Amir Al Natour después de haber usufructuado de los negocios de droga y trata de persona, aquellos que hacen a las casitas del descanso del camionero por las rutas de Argentina y del continente, se casó y vive en Bulgaria. Ciudad del Este se volvió muy vistosa.

Se llega a los famosos siete libaneses, que tanta tinta hicieron derramar, a través de un informe de la gendarmería del 10 de Febrero de 1995, elevado al juzgado federal numero I de San Isidro del Doctor Marquevich a cargo de la investigación del atentado de la Embajada de Israel acontecido en 1992. Según el informe de los castrenses, Luis Alberto Nader, Sergio Rodrigo Salem, Johnny Moreas Baalbaki, Valdirene Viera Ferguglia, Mohamed Hassan Alayan, Fadi Abdul Karim Chekair, Roberto Ribeiro Ruiz concurrían reiteradamente a la isla que el neo nazi Alejandro Jorge Sucksdorf tiene en el Delta del Paraná, a los efectos de recibir entrenamiento militar. Isla donde se practicaba explosiones y se contrabandeaba armas y explosivos hacia Paraguay. Una isla que se sigue sin saber con qué fondos Sucksdorf la pudo adquirir. El 20 de Febrero del mismo año el juez Marquevich pide la extradición del grupo.

No obstante el informe de la gendarmería nacional, la “íntima convicción” del conjunto de los investigadores argentinos va a dar un giro. La parte argentina pasó de anoticiarse de un hecho de suma preocupación, ya que Suckdorf es una pieza clave que hace la relación entre los dos atentados, a la convicción que los que vienen extraditado, precisamente por ese vínculo, son farsantes. En realidad, parece ser que jugo en contra de la investigación, el síndrome de la conspiración venida de Estados Unidos. La gendarmería a penas se entera que hay agentes del F.B.I. por otra parte reiteradamente solicitados dentro de la cause, que lo que constataron ya no tiene valor. Con lo cual lejos de considerar la cooperación de un gran servicio en la región, decretan que los que antes eran objeto de señalamiento hace todavía unas semanas, poco después son inocentes, sin que nada haya ocurrido de por medio. Lo lógico en ese caso sería de renunciar al pedido de extradición. Pero no, los libaneses vienen a dar una vuelta de calesita y se van.

El 25 de Julio de 1995 llegan en provincia de Buenos Aires a las 21h 30, son detenidos en Campo de Mayo y el 27 de Mayo son sobreseídos. Inútil mencionar cuan aberrante fue la operación. Inútil igualmente intentar saber lo que se pudo sacar de siete personas en 24 horas. No se les pregunto nada.

La única chica del grupo, Valdirene Viera Ferguglia tenía en su posesión un pasaje de la compañía Iberia, de Asunción, a Bruselas vía Madrid ida y vuelta y correspondía bastante al perfil de la portadora de valija. Hubiese sido interesante enfrentar lo que podía saber con otra portadora de valijas, Nasrim Mokhtari. Hay constancia de la presencia de Abdul Karim Chekair en Buenos Aires en al menos otra ocasión previa al atentado a través de una correo anónimo y de las relaciones de este con al menos uno de los carapintadas. ¿Se le pregunto algo al respecto? No. Esas personas lo más seguramente pueden perfectamente no estar implicadas directamente en el atentado, al menos no en su parte material, pero lo que si saben es quién en Ciudad del Este las ha mandado entrenarse a la Isla de Sucksdorf. Esa persona es un eslabón esencial para la manifestación de la verdad.

El juez Marquevich, desde entonces destituido, por una causa ajena al narcoterrorismo, hace (casi) unanimidad contra él. Sin concertarse, las distintas personas entrevistadas a lo largo de esta reconstitución de lo que fue la investigación del atentado de 1994 lo califican de “coimero”. Ostenta algo como treinta pedidos de juicio político contra él.
Marquevich fue el hombre de la operación de la Side de entrega de droga controlada en 1999. La operación Strawberry. Tres toneladas de cocaína que supuestamente debían ir a Alemania. Las autoridades argentinas avisaron sus pares alemanes de la fecha de embarque de la mercancía en el marco de un ejercicio de cooperación internacional. Pero sin venir a cuento, Marquevich incauto la droga, consumando una colosal mejicaneada judicial, creando por la misma ocasión un revuelo diplomático con Alemania. Se supo después que fue una fantochada. Que la droga había sido comprada por la Side, y sin sorpresa a estas alturas, gran parte de ella desapareció. En esta operación estaban codo a codo, además de Marquevich, el ingeniero Antonio Horacio Stiusso que dirige el contraespionaje y el Comisario Mario Eduardo Naldi el cual en 1994 dirigía la Brigada de la Unidad Regional XII, del Tigre. Naldi era uno de los socios de la “aseguradora Global Solutions”, con Ribelli. Todas personas que han desplegado un rol extremadamente nefasto en cuanto a la buena conducta de la investigación de la causa Amia.

Ciertamente para intervenir con independencia en un tramo tan importante de una causa de narcoterrorismo Marquevich era la persona la menos indicada. Una persona que sabía tanto de la operación Strawberry, de la cual había participado, como también de la causa Amia, fue el Comisario Oscar Beauvais, asesinado de cuatro balas por un sicario en agosto de 2005. Beauvais había sido Comisario de Quilmes, provincia de Buenos Aires y acababa de ser depuesto. Se preparaba a publicar un libro explosivo, “los Patanegra”, según el apodo que se le da a la policía de Buenos Aires.

Embajada de Irán, una casa muy desordenada

Una de las razones por las cuales el expediente de la causa Amia no puede ser entregado a las autoridades Iraníes, como lo dispone el Memorándum of Understanding es que sus fojas recelan de testimonios con nombre y apellido de deponentes iraníes que describen negocios extraños en la embajada de Irán. Sobreprecios en la compra del nuevo edificio de la legación, negocios de armas, tráficos diversos.
Marcelo Claudio Isidoro Cañete, el que fuera el chofer de Jorge Pacifico, cuyo testimonio ya fue citado, menciona dos recepciones, en la sede de la legación iraní, dela cuales tuvo conocimiento el 2 y el 10 de Junio de 1994. Provee una descripción del lugar muy exacta, la cual solo una persona que efectivamente conoce el edificio puede reconstituir. Cañete asistía también a esas reuniones donde iban como Juan por su casa carapintadas y miembros del Modin, sin contar el ya mentado jefe de la custodia de Eduardo Duhalde, del cual solo se conoce el nombre, el “Gordo”.
Mohsen Rabbani, solía ser el anfitrión durante esas veladas de la avenida Figueroa Alcorta. Era “considerado como la persona más importante del lugar”. Cañete siempre menciona a Rabbani como el encargado cultural. Sin embargo a esas reuniones no concurrían expertos en letras persas, orientalistas, traductores de Omar Khayan, diplomáticos de países amigos, ni siquiera religiosos o nuevos conversos. Era la típica clase delincuencial que viene desmenuzada a medida que se caen de las manos las fojas del expediente, porque Rabbani era el enlace con la hampa político mafiosa argentina.

Conclusión

Concluyendo la primera parte afirmaba que el atentado de la Amia fue el derecho de piso pagado por un grupo terrorista argentino para tener un mayor acceso a un mercado de drogas transnacional, el cual llevado a cabo hizo de la republica austral lo que es : un narco estado. La torta evidentemente es Ciudad del Este, y sus traders del crimen transnacional, los libaneses, miembrosdelHezbollah y sus socios pagando un derecho de membresía a la organización político-mafio-terrorista libanesa.
La correspondiente investigación se enriqueció de datos, por la multiplicación de los exhortos, pero no prospero en la demostración por la prueba. Además del insoslayable problema de tener que lidiar con encubridores entre las más destacadas personalidades de los servicios de inteligencia, la causa fue azotada por una entelequia del culpable designado de oficio, fruto de una tesis de geopolítica y no de una investigación criminal. En el expediente hay elementos suficientes como para dictar condenas perpetuas y otras para profundizar. Ambas acciones deberían ser reconsideradas, la causa es imprescriptible. Sería mucho más productivo que mandar dos jueces a Teherán, en el marco del aberrante Memorandum of Understanding, con la misma modalidad con la cual se hizo venir a los siete libaneses en 1995. Por decir que se hizo. Por otra parte no es creíble reclamar justicia en serio ni a Irán ni a nadie, sin haber previamente juzgado los terroristas de la conexión local, con la caratula que corresponde, ellos y sus cómplices, y no tan solo como participes necesarios.
Lo más interesante en cuanto a la relación con Irán que tanto importo hasta marzo de este año, es el ineludible vínculo de agentes de la embajada persa en Buenos Aires en esos años, principalmente Mohsen Rabbani con sectores del hampa argentino y el brazo politico de este; las irrefutables interacciones de estos, los intereses cruzados de los mismos, y las recurrentes conexiones entre narco iraníes y libanes en varios puntos del globo y sus homólogos criollos. Hasta ahora el vínculo se valía del testimonio de dos ex agentes iraníes, cortados de todo acceso a la información en el momento del atentado. Abolghasem Mesbashi que comparo lo incomparable: el atentado en el restaurante Mykonos en Alemania con el del Amia. Un caso de liquidación de opositores con un caso de narcoterrorismo. El otro Maoucher Moatamer quien contó toda una serie de generalidades sobre el gobierno de su país y así hacer perder un invaluable tiempo a los peritos.
Personalmente esta periodista no cree en la responsabilidad del estado de Irán como Estado, en ninguno de los dos atentados. Pero creer o no creer es sin interés. Lo que importa es ir a los hechos. Por eso, si es que la república islámica está dispuesta a dar la vuelta a las peores páginas de su historia como lo afirman sus nuevos dirigentes no le debería ser imposible, 19 años después cooperar al esclarecimiento de los dos atentados abriendo sus archivos, en los cuales necesariamente detiene muchísima información. A menos que los negocios de la embajada en Buenos Aires, y los de los narcos iraníes y libaneses que circulaban por Europa en los años 90, vendiendo su veneno a miles de jóvenes, no fuesen tan estrictamente personales. Lo mismo se puede decir con el Líbano, con Brasil y varios países “amigos” detentores de información.
Naturalmente eso requiere de una condición previa que es que el país de las victimas quiera conocer la verdad. Una simple observación fenomenológica concluye en que la deriva de la república Argentina en un narco estado desde 1994, no es un accidente, es política de estado, y eso no se condice en absoluto, con la abertura de los archivos aquí tampoco, desde donde escribimos.



Categorías:AMIA, Argentina, Corrupción, Uncategorized

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